La Fiscalía General de la Nación confirmó que el exjefe de recursos humanos del Senado de la República Rubén Darío Iregui González, supuestamente habría avalado pagos a dos contratistas, que eran parte de una red de corrupción, para realizar trabajos "fantasmas" del Congreso de la República.

Al parecer, entre marzo y diciembre de 2021 este hombre vinculó al Senado a Daniela Ospina Loaiza y Juan Carlos Martínez como contratistas, para realizar actividades que nunca se ejecutaron.

Lo más grave, según la Fiscalía, es que estos contratos por prestación de servicios fueron por valor de 40 millones de pesos y que ambos sujetos, hacían parte de una red de corrupción que contrataba entidades de orden nacional y territorial.

Estas dos personas estuvieron vinculadas al Senado por un periodo de cuatro meses para desarrollar actividades de prevención relacionadas con la pandemia de la covid-19.

Hacían seguimiento a los servidores de las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL), brindaban información de salud pública y apoyaban campañas sobre el correcto uso de los elementos de protección.

De otro lado, el ente investigador también reveló que esa misma red de corrupción fue conformada y articulada por el mismo Rubén Darío Iregui, por lo que decidió incrementar el valor de cada contrato a 20 millones de pesos.

El exfuncionario fue imputado por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros. Así lo confirmó el Director Especializado contra la Corrupción, Eduar Calderón.

“Una fiscal de la dirección especializada en corrupción de Fiscalía, le imputó los cargos al excongresista. Estas dos personas fueron vinculadas al Senado para que trabajaran para hacer estrategias de prevención por la pandemia del Covid-19. En la investigación se determinó que dichas actividades nunca se ejecutaron, pero que los pagos a los contratistas sí se hicieron, hasta subir su valor a cada uno hasta llegar a los 20 millones de pesos”, explicó el fiscal Eduar Calderón.

Como se mencionaba anteriormente, dichas actividades nunca se realizaron, pero sí quedaron las evidencias de que a los contratistas se le realizaron los pagos, con previa autorización y aval del entonces jefe de recursos humanos del Senado.

Esto por medio de varios correos electrónicos que Rubén Darío, al parecer, había enviado a la división financiera para que fueran desembolsados los 40 millones de pesos en favor de estas personas.